“La realidad política a partir de 2003 ha significado, para el INADI, la creación de capacidades estatales a favor de un combate sustancial de la discriminación”.

Pedro Mouratian: Entrevista al Interventor del INADI

Reportaje de Jorge Makarz y Federico Ghelfi

Entrevistamos en exclusiva a Pedro Mouratian, Interventor del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). Anteriormente, fue Vicepresidente del INADI y Coordinador de Investigación y Capacitación de Políticas contra la Discriminación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. De larga trayectoria de militancia por los derechos humanos, también fue Presidente del Foro de ONGs que luchan contra la discriminación, miembro del Consejo de Presidencia de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y Director del Consejo Nacional Armenio de Sudamérica. En esta oportunidad, reflexiona sobre el proceso político de los últimos años en relación a la temática de la discriminación y destaca los principales avances en materia antidiscriminatoria. También explica su trabajo en el INADI y la proyección de este organismo para los próximos años. Leer más.

¿Cómo analiza el proceso político de los últimos años en relación a la temática de la discriminación y el desafío de apuntalar un modelo de crecimiento con inclusión social?

Desde 2003, nuestro país está encontrando y profundizando herramientas concretas para consolidar una sociedad más igualitaria. La sanción de legislación y la implementación de políticas de gobierno orientadas a avanzar en la equidad y en el reconocimiento de los derechos humanos han sido marcas fundamentales de las gestiones de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández. En este proceso, podemos distinguir, transformaciones legales, nuevas prácticas institucionales y un desarrollo económico-social que estructuran una estrategia de inclusión e integración social, articulada con el paradigma de la igualdad y la no discriminación.

Desde el INADI publicamos, en diciembre de 2011, el libro “En el camino de la igualdad”, un texto que reúne y desarrolla los principales avances legales-institucionales del Gobierno nacional, desde el 2003 a la fecha. Allí se pone de relieve la importante apertura que han representado para nuestro país unas 19 normas, identificadas claramente con la lucha antidiscriminatoria. Al analizar estos avances, es interesante comprobar cómo estas iniciativas se corresponden con los compromisos asumidos por el país durante la Conferencia Mundial contra la Discriminación, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia realizada en Durban (Sudáfrica), en 2001.

En términos generales, podemos decir que a partir del reconocimiento efectivo de todos los derechos fundamentales, de la elaboración de políticas antidiscriminatorias activas y del compromiso del Estado Nacional con una perspectiva integral de derechos humanos, la Argentina se encamina a establecer un marco más amplio de inclusión. En ese contexto, tenemos un doble desafío: al mismo tiempo que debemos reparar a los sectores históricamente vulnerabilizados y marginalizados, necesitamos promover y construir una sociedad más diversa, que cuente con mayores espacios de representación, reconocimiento y participación.

Y esto adquiere mayor relevancia si tenemos en cuenta de dónde venimos a nivel antidiscriminatorio. El INADI nació en 1995, en el marco de las grandes demandas de justicia de la sociedad posteriores a los atentados a la Embajada de Israel y la sede de la AMIA. Este fue un importante inicio para el abordaje de los temas relativos a la discriminación en el país, pero su lógica de actuación en esos comienzos era muy limitada, no solo por los pocos recursos con que contaba el Instituto, sino, fundamentalmente, por enmarcarse en un modelo económico-social neoliberal que destruía ciudadanía y derechos. En otras palabras, un país que generaba condiciones puntuales para profundizar las discriminaciones y no reparaba desde el Estado las infinitas exclusiones operadas en el ámbito del mercado. Entonces, la realidad política a partir de 2003, sobre la que hablaba en un comienzo, ha significado, para el INADI, la creación de capacidades estatales a favor de un combate sustancial de la discriminación. Y esto tiene que ver, centralmente, con la implementación de políticas activas desde el Estado para afianzar una Argentina con menos discriminación y más inclusión económica, social y cultural.

¿Cuál es el actual papel del INADI en este sentido?

El INADI es un organismo generado para darle respuestas a la sociedad y, en esa línea, a partir de Plan Nacional Contra la Discriminación, aprobado por el Decreto N° 1086 de 2005 del ex Presidente Néstor Kirchner, nuestra institución toma una mayor dimensión y capacidad. Ahí está el punto de partida para afianzar la lucha contra la discriminación como una cuestión de Estado. Este Plan contempló una exhaustiva investigación sobre la temática de la discriminación alrededor del país y, producto de ella, derivó en un diagnóstico acerca de la situación y las necesidades de los distintos grupos vulnerabilizados y en la elaboración de propuestas normativas y de políticas públicas, en línea con los compromisos internacionales asumidos. En ese sentido, el papel del INADI es el de coordinar la ejecución de las propuestas contenidas en el Plan contra la Discriminación. Para lograrlo, nuestros objetivos más importantes giran alrededor de una serie de cuestiones.

En primer lugar, asistimos a las personas en situación de discriminación, brindándoles un servicio integral de asesoramiento, incluyendo la prestación de un asesoramiento jurídico especializado, de acompañamiento y defensa de las víctimas. Recordemos que el INADI no tiene facultades sancionatorias ni poder de policía, en tanto está concebido principalmente como un organismo consultivo y de asesoramiento. Por lo tanto, no puede obligar al cese de la conducta discriminatoria ni a reparar el daño ocasionado por ella, lo que es función propia del poder judicial. Sin embargo, aun cuando los dictámenes no tienen carácter vinculante, constituyen la opinión de un organismo especializado en la temática de la discriminación y suelen ser tenidos en cuenta por otros organismos (administrativos o judiciales) competentes para resolver definitivamente los conflictos. Se pueden destacar, entre otros, los casos de “Arecco, Maximiliano v. Praxair Argentina SA” (por despido laboral discriminatorio) y el de “María Mabel Pellejero v. Banco Hipotecario S.A (discriminación laboral por motivo de género) en que la Corte Suprema de Justicia de la Nación receptó, en sus fallos, la doctrina de dictámenes anteriores del INADI.

Por otra parte, hemos avanzado en el fortalecimiento de la participación de la sociedad civil a través de diferentes mecanismos y redes de articulación; llevamos a cabo y auspiciamos la realización constante de campañas públicas que promuevan la valoración del pluralismo social y cultural, la integración de las diversidades y la eliminación de todas aquellas actitudes discriminatorias que puedan existir; elaboramos programas de prevención de las prácticas discriminatorias; y también impulsamos la actualización del diagnóstico sobre las situaciones de discriminación en todo el territorio mediante la investigación especializada. De este modo, nuestro organismo tiene la importante tarea de generar políticas nacionales y medidas concretas para combatir la discriminación, la xenofobia y el racismo. A partir del impulso de diferentes acciones, el INADI busca generar conciencia en relación a los derechos de las personas, de los grupos vulnerados y, así, desnaturalizar la prácticas discriminatorias.

Me gustaría destacar que, desde su creación en 1995 y puesta en marcha de sus tareas en 1997, el INADI se ha transformado en una herramienta para los sectores que buscaban un espacio donde reclamar y ser tenidos en cuenta. El hecho que la Argentina le de un lugar central a los problemas de discriminación habla bien no sólo de un gobierno, sino de una sociedad madura. Esto no significa que no quede nada por hacer. No está ganada la “batalla cultural” definitiva y nuestro deber es seguir trabajando por la igualdad de derechos y oportunidades. Solo así es posible avanzar hacia un cambio cultural que nos permita construir una sociedad cada vez más inclusiva y participativa. Cuando el Estado y la sociedad civil se conjugan en un objetivo común, el de la lucha por la no discriminación, por los derechos humanos, y a favor de la inclusión, ahí se puede profundizar esa igualdad de derechos. ¿Por qué siempre insistimos con la batalla cultural? Porque ir resolviendo los temas de discriminación supone el desafío de avanzar, a la par de los pasos legislativos y las políticas, en el terreno del cambio de patrones socioculturales que demanda una modificación gradual de prácticas, actitudes y conductas estigmatizantes, extendidas ampliamente en vastos sectores de la sociedad.

¿Desde la perspectiva del INADI, cuáles han sido los principales avances de los últimos años y cuáles son los desafíos centrales del Instituto?

Es innegable que en los últimos años, particularmente desde la aprobación en 2005 del Plan Nacional contra la Discriminación, se ha registrado una creciente instalación pública de la temática de la discriminación, así de la visibilidad institucional del INADI como organismo ligado a su discusión social y la necesidad de enfrentarla.

En ese sentido, tanto en los medios de comunicación como en ámbitos académicos, ha comenzado a tener un mayor espacio el tratamiento de problemáticas vinculadas a la discriminación. Y esto se ha dado de la mano de un mayor impulso, desde el Estado Nacional y el INADI, de campañas educativas y comunicacionales tendientes a la valorización del pluralismo social y cultural, y a la eliminación de actitudes discriminatorias. Siguiendo esos objetivos, el INADI organiza y auspicia numerosos eventos institucionales, académicos, deportivos, culturales y sociales para informar y prevenir prácticas discriminatorias, promoviendo la necesaria participación ciudadana en la transformación cultural y social.

Por otra parte, se han multiplicado las instancias específicas (por ejemplo, con la creación de comisiones, secretarías, coordinaciones, etc.) que comprenden la temática de la discriminación tanto en organismos públicos como en muchas instituciones de la sociedad civil (sindicatos, cámaras, asociaciones, fundaciones, etc.) y en empresas del sector privado.

En ese sentido, un terreno de trabajo fundamental, que requiere de una mirada y un abordaje transversal, es la problemática de género. Desde muy temprano, el INADI ha generado programas e iniciativas que contribuyen a erradicar la discriminación hacia las mujeres por motivos de género a nivel federal. En ese sentido, en sintonía con los progresos a nivel mundial, instamos a que todas las políticas públicas deben elaborarse integrando la “perspectiva” de género, promoviendo nuevas prácticas que desarticulen aquellos prejuicios, estereotipos y asimetrías de poder construidas en base a las diferencias entre géneros.

Es interesante también registrar cómo a nivel de los movimientos de la sociedad civil, distintas expresiones de diversos ámbitos sociales se han organizado en defensa de sus derechos en clave antidiscriminatoria. En ciertas ocasiones, como podemos recordar con la sanción legislativa del Matrimonio Igualitario (Ley 26.618) en 2010, se ha dado una interesante coordinación de la agenda parlamentaria de formulación de leyes, el impulso institucional de diversas áreas públicas por el reconocimiento de derechos y la movilización de amplios sectores sociales a favor de la conquista de reivindicaciones largamente demandadas. Esta articulación de los avances legales-institucionales con el camino de conquistas reclamado por los movimientos sociales, también estuvo presente en medidas como la Ley de creación del Programa Nacional de Educación sexual Integral (Ley 26.150); la Ley para la erradicación de la violencia contra las mujeres (26.485); la Ley de Derecho a la Protección de la Salud Mental (26.657) y la reciente sanción de la Ley de Identidad de Género (26.743). En la misma línea, dos instrumentos internacionales muy importantes, cuya importancia y oportunidad de integrarlos a nuestra normativa es posible luego de la Reforma Constitucional de 1994, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ratificada por nuestro país mediante la Ley 26.378) y la actual discusión sobre la necesidad de una Convención sobre los Derechos de Adultos y Adultas Mayores, ya han sido formulados desde la perspectiva de derechos humanos y en clave antidiscriminatoria.

En el Plan Nacional contra la Discriminación ya figuraba la demanda del Matrimonio Igualitario, como también la Ley de Migraciones -(actual 25.871) que en nuestro país es de avanzada y un ejemplo en todo el mundo–, o el mismo Programa de documentación migratoria Patria Grande. En las medidas vinculadas a la salud mental y la discapacidad, el INADI ha tenido un rol sustancial. En el mismo sentido, tuvimos nuestra participación en las históricas audiencias públicas de la Ley de de Servicios de Comunicación Audiovisual, cuya necesidad de aplicarse también estaba incluida en el Plan. En esa ocasión fuimos a decir que no se trataba de ir “en contra” de nadie, sino de dar voz a grupos que fueron históricamente vulnerados y que estaba en juego la democratización de la palabra. Son todos avances que fueron posibles desde que la lucha contra la discriminación se convirtió una bandera del Estado. Y, como decía, esto es un logro indiscutible de nuestra sociedad.

Entonces, el INADI se transformó a la vez en un instrumento y en un espacio de escucha. Pero el Instituto no solo es un mediador entre los grupos segregados y el Estado. Su rol fundamental ha sido el de transformar la palabra “discriminación” en un hecho negativo, en una decisión arbitraria que debe ser combatida. Fuimos creando una conciencia social y hoy podemos coincidir en que es una práctica mal vista. Esto es resultado, en buena medida, de esa instalación pública de la discriminación como un problema colectivo.

Ahora bien, el desafío que se nos presenta con cada avance, implica multiplicar nuestros esfuerzos para reconocer nuevas problemáticas. Leyes específicas como las de Matrimonio Igualitario y de Identidad de Género no solo significaron una conquista trascendente para los grupos vulnerabilizados, sino que también nos ponen ante la posibilidad de consolidar lo realizado durante esos debates. Es decir, trabajar en consolidar una matriz cultural inclusiva y abrir el juego al resto de la sociedad civil, a otros actores como los afrodescendientes, los migrantes, los adultos y adultas mayores, las mujeres, las personas con discapacidad y personas viviendo con VIH-SIDA.

A nivel institucional del INADI uno de los grandes desafíos es darles mayor volumen y capacidad de gestión a nuestras delegaciones, reforzando, en la práctica, la naturaleza federal del organismo. Para eso, debemos concentrar los programas sobre ejes puntuales que respondan a políticas públicas, en consonancia con la política nacional. Hace falta rever y replanificar el federalismo, que tiene que ver también con una distribución presupuestaria concreta. Lo considero una asignatura pendiente -incluso desde lo personal- y soy muy respetuoso del trabajo que se hicieron en las provincias con pocos recursos, humanos y económicos.

¿Cuáles son los principales ejes de trabajo propuestos para este año?

La idea es consolidar la presencia del INADI en el inconsciente colectivo como un instrumento con el que cuenta la sociedad para ir transformando algunas conductas y prácticas. Históricamente, se ha visto al organismo como un lugar donde se pueden denunciar determinadas situaciones de discriminación. Pero, si bien hay una línea de trabajo para mejorar este mecanismo que supone escuchar y emitir un dictamen que pueda resarcirlo, la apuesta mayor es articular políticas públicas con otras instancias del Estado, para llegar a la raíz de esas prácticas y evitar su manifestación. Para ello, pensamos en algunas modificaciones legislativas, capacitaciones e investigaciones que nos permitan detectar cuáles son los focos neurálgicos a los que se debe apuntar y qué cosas debemos ir modificando para que todas y todos se sientan más amparados. En este plano, la educación cumple un rol significativo. En ese marco, este año el INADI comenzó un proyecto en articulación con el Ministerio de Educación en relación a los contenidos curriculares. Se trata de un trabajo de revisión de los contenidos, en línea con la Ley Nacional de Educación N° 26.026 del 2006 -uno de los grandes logros de la gestión del Presidente Néstor Kirchner-, que hace hincapié en garantizar una educación libre de discriminación. El material que allí surja, será presentado en el Consejo Federal de Educación, porque entendemos que tiene que ser tomado transversalmente en todo el país. En ese sentido, también estamos trabajando con las editoriales que producen estos textos y manuales escolares, para asegurar que no haya contenido discriminatorio.

Además, entre los ejes prioritarios, uno de ellos es profundizar las acciones en la temática de género, sensibilizando sobre la materia y promoviendo un conjunto de medidas. Nuestra evaluación es que hay buenas leyes de género que se han sancionado en los últimos años pero el desafío es poner en marcha todo lo que estas legislaciones contemplan y, por ejemplo, fortalecer las distintas oficinas que se abrieron para atender las cuestiones de género. El decreto de la Presidenta que prohíbe el “Rubro 59” es un gran avance pero también nos convoca a un seguimiento permanente. También es central trabajar en la sensibilización y la toma de conciencia de la sociedad sobre la violencia hacia las mujeres, en sus distintas facetas, y la paridad entre varones y mujeres en el ámbito laboral.

Otros desafíos que nos habíamos planteado ya han sido materializados. Me refiero a la Ley de Identidad de Género, de reciente sanción. Esta gran conquista le permitirá a la comunidad trans el acceso a derechos tan básicos como la identidad, la salud, la educación.

Para nosotros también ha sido central todo el desarrollo que le hemos dado a los temas de accesibilidad de personas con discapacidad. En materia electoral el INADI conformó el año pasado el Grupo de Trabajo de Accesibilidad Electoral junto a la Secretaría de Medios de Comunicación, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), la Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas (CONADIS) y el Ministerio de Planificación Federal. De ese modo, elaboramos un abordaje común para garantizar la accesibilidad para un evento tan e importante y masivo como el acto eleccionario, en el que también contemplamos a los adultos mayores, las mujeres embarazadas y a las personas con diversas discapacidades “invisibles” (cardiopatías, pacientes oncológicos, etc). El hecho de poder garantizar la participación ciudadana de todo el electorado es una base fundamental para el fortalecimiento de la democracia. De aquí en adelante, continuaremos el trabajo de concientización por un trato igualitario de todos y todas al momento del sufragio, independientemente de las barreras físicas, comunicacionales o socioculturales. En otro plano de trabajo concreto sobre la accesibilidad, este año aplicamos los criterios de accesibilidad en la página de internet del INADI, de acuerdo con el desarrollo de sitios web conformes a dichos estándares, y hemos participado en jornadas de promoción de estas iniciativas, que tienen la intención de extender al ámbito digital el derecho constitucional del acceso igualitario a la cultura, al ocio y al tiempo libre.

Por otra parte, en relación a los colectivos de migrantes, si bien Argentina es un país con una legislación de avanzada en la materia, también supone una demanda de trabajo de nuestro organismo para seguir promoviendo pautas culturales que reafirmen esta diversidad como valor social. También continuaremos el trabajo que se viene llevando adelante a través del Programa Afrodescendientes, fomentando políticas públicas que permitan visibilizar a esta comunidad en la sociedad argentina y garantizarle una ciudadanía plena.

Por último, pensando y proyectando el trabajo del INADI para los próximos años estamos elaborando en todo el territorio del país el Mapa de la Discriminación. Este estudio cuantitativo, muy útil para analizar las experiencias, percepciones y representaciones generales sobre la discriminación, será un insumo importante a la hora de diseñar nuevas políticas e implementar con más eficacia los programas y acciones ya existentes.

Asimismo, en este 2012 hemos abierto e implementado importantes iniciativas de trabajo articulado con otras áreas del Estado. En el mes de abril firmamos un convenio operativo con la Secretaría de Empleo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (representado por Enrique Deibe) para implementar acciones de capacitación y sensibilización en materia de diversidad sexual y empleo. Por otra parte, también hemos suscrito un convenio de cooperación con el Ministerio de Defensa de la Nación (representado por Arturo Puricelli) para la colaboración y asistencia técnica entre ambos organismos, con el fin de desarrollar políticas públicas de Derechos Humanos. Por último, próximamente estaremos suscribiendo un documento muy importante con el Ministerio de Trabajo a cargo de Carlos Tomada, para promover la creación un Grupo de Organismos del Estado Nacional para la protección y promoción de los derechos de la población LGBTI.

¿Qué mecanismos se construyen desde el INADI para su articulación con las diversas expresiones de la sociedad civil relacionadas con la discriminación?

En este aspecto estamos trabajando de un modo interesante. Nos hemos planteado un nuevo método de trabajo a través de la conformación de Redes de articulación con la sociedad civil. Entendemos que este sistema es más transversal que la mecánica de los Foros -tal como se venía trabajando anteriormente en el INADI- y, además, nos permiten abarcar una mayor participación, a la altura de lo que demanda nuestro trabajo. Creo firmemente que, como organismo público, debemos nutrirnos de la sociedad civil y tomar su agenda, porque de allí emanan la mayor cantidad de demandas genuinas. La sociedad civil marca una agenda pero, al tomarla en cuenta, el INADI no puede dejar de reconocerse como un organismo público. Las organizaciones no gubernamentales realizan un trabajo constante y elaborado en cada una de las temáticas. Ante esta necesidad de articulación, también hemos implementado un Registro para que las organizaciones puedan inscribirse, lo que servirá para ampliar nuestra red de trabajo.

¿Y a nivel de América Latina? ¿Existen instancias de discusión y cooperación en temas de discriminación?

Este punto se relaciona con lo que hablábamos en un comienzo acerca de las consecuencias del neoliberalismo y la nueva etapa de reconstrucción. Desde comienzos de este siglo, la región vive un proceso de cambio que –con diferencias entre cada país- se propone reconstruir el Estado y la sociedad. En ese contexto, se vienen perfilando nuevos desafíos, relacionados a la voluntad de los gobiernos por afianzar los lazos políticos, sociales, laborales y culturales entre los países y crear un marco común que permita avanzar en una ciudadanía regional. Esto muestra un signo superador de aquel planteo inicial del MERCOSUR basado en un mercado común, con un modelo de relaciones comerciales y arancelarias entre estados de economías abiertas y sociedades cerradas, propias del neoliberalismo. Ahora bien, lo que vemos en los últimos años es un renovado impulso de una perspectiva latinoamericana de los estados de la región, que va de la mano de un proceso de integración que comienza a tener un papel (pensemos en la actuación regional ante los golpes de Estado) y que ha cristalizar en nuevas instituciones de defensa de lo latinoamericano, como la UNASUR y la CELAC.

Tal como el INADI pudo relevar en un estudio comparativo reciente sobre políticas antidiscriminatorias de los países miembros del MERCOSUR, se han producido avances particulares nacionales en relación a la lucha contra la discriminación, en el que cada país tiene acercamientos distintos sobre el tema (la Argentina, por ejemplo, es de aquellos que tiene un abordaje unificado con el INADI). Al mismo tiempo, los espacios regionales de cooperación se están fortaleciendo. En ese sentido, por ejemplo, la Reunión de Altas Autoridades en Derechos Humanos del MERCOSUR (RAADDHH), incorporó en su agenda la lucha contra la discriminación, la xenofobia y el racismo; y esto es un indicador de que, más que nunca, hay posibilidades y voluntad política del bloque regional en consensuar políticas comunes. No hay dudas que la consolidación de esta nueva etapa está íntimamente asociada a la generación de políticas e iniciativas regionales.

¿Cómo se consideran las lógicas racistas, que, en muchas ocasiones, tiene la capacidad de atravesar diferentes tipos de discriminación?

En la actualidad, el racismo es una práctica social discriminatoria que no sólo tiene vigencia a través de la clasificación en “razas”, ya que también se ha ampliado a otro tipo de rasgos físicos y culturales y por eso puede asociarse a otras expresiones discriminatorias, como la xenofobia y la discriminación a los pueblos originarios-indígenas. Incluso, uno de los temas que surgieron de la primera edición del Mapa de la Discriminación tiene que ver con la “portación de rostro”, con los aspectos físicos, fundamentalmente con la población migrante de los países hermanos vecinos pero también, si pensamos en la Ciudad de Buenos Aires, con los jóvenes de otras provincias que muchas veces son discriminados.

¿Cuál es el papel de los medios de comunicación en la producción o reproducción de estereotipos discriminatorias, así como sus posibilidades de influir en el combate de esta problemática?

En algunas problemáticas específicas, el papel de los medios en la construcción, difusión y legitimación de ciertos estereotipos discriminatorias es significativo; esto es bastante evidente, por ejemplo, con la construcción mediática que asocia a los jóvenes de sectores socioeconómicos pobres con el fenómeno de la inseguridad. Se trata de expresiones que, lamentablemente, están arraigados en parte de la sociedad. Hechos como los de fines de 2010 en el Parque Indoamericano nos muestra que tenemos mucho por hacer, y que incluso altos dirigentes políticos, como el Jefe de Gobierno porteño, también tienen manifestaciones discriminatorias muy graves. Creo que lo del Indoamericano mostró que a veces los factores de poder son también los que, de algún modo, orientan lo que está bien y lo que está mal y que la actitud de la sociedad, en ciertas condiciones y ocasiones, es más complaciente con ese esquema. Porque es más fácil pensar que el problema está en el otro.

En este contexto, es importante destacar que el hecho de abordar estos problemas desde los medios ayuda a su instalación y discusión. Pero también sabemos que los medios marcan la agenda a partir de una lógica propia. Nuestro papel es tratar de perfilar esa agenda, para que emerjan aquellas cuestiones que estaban invisibilizadas, reflexionar sobre ellas, y lograr que la diversidad pueda ser incluida.

En este sentido, nuestra obligación es, primero, identificar estas lógicas profundas vinculadas a la discriminación y, luego, promover políticas públicas que tiendan a romper con ellas, demostrando que la diversidad nos enriquece como sociedad.

fuente: Iniciativa