en la vida hay que elegir...
y hacerse cargo
Por Miguel Angel Garcia
Continuando
con la serie de artículos ¿Qué pasa en Europa? de nuestro colaborador
Miguel Angel García, donde ya consideramos la situación de Italia (
http://espacioiniciativa.com.ar/?p=12129). Hoy nos toca abordar la situación Española.
Españoles desahuciados
“Desahucio” significa en España
“desalojo”, además de lo habitual también entre nosotros, sin esperanzas
o sin curación alguna. En la Europa del dogma neoliberal estos tres
significados se suman: el desalojado se vuelve un desahuciado integral.
En 2012 hubo 43.858 desalojados por
hipoteca impaga, a los que se suman los desalojados por alquileres
vencidos, que fueron 54.718. ¡Son casi cien mil familias en un año! Y
hay todavía cerca de 200 mil juicios en curso por hipoteca impaga, más
una cifra superior (no publicada) de desalojos en curso por alquileres
vencidos. Entre 2007 y 2011, se han producido 349.438 ejecuciones
hipotecarias en toda España, encabezadas por Andalucía (68.053),
Cataluña (65.670) y Comunidad Valenciana (65.220).
El prejuicio corriente en el exterior
relaciona esta situación con la burbuja inmobiliaria pinchada al inicio
de la crisis española. Pero los de la burbuja eran en su mayor parte
inversores que especulaban con una futura demanda de casas de vacaciones
para turistas y jubilados del norte de Europa, que nunca llegaron,
mientras que las víctimas de la hipoteca son casi todas familias de
trabajadores, cuyas viviendas se encuentran en los tristes barrios
periféricos de Madrid, Barcelona y todas las mayores ciudades, y no en
las graciosas (y vacías) localidades frente al mar.
El mecanismo verdadero consta de los
siguientes pasos: (1) crisis y, como resupuesta, política económica que
reduce crédito y demanda interna; (2) desocupación prolongada, que se
extiende paso a paso a toda la familia; (3) imposibilidad de pagar las
cuotas, y por lo tanto juicio y veloz desalojo; (4) ulterior caída de la
demanda interior, mayor restricción del crédito, más desocupados y
desalojados. A su paso la máquina deja el tendal de vidas
despedazadas: familias que terminan en
la calle, agravando la condición de inempleabilidad de sus miembros;
niños que comen solo en la escuela, y que ven llegar las vacaciones como
una maldición bíblica. Malnutrición infantil, con una punta de
desnutrición abierta que crece.
La plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH)
En España sin embargo la capacidad de
lucha de la población no fue del todo anulada, como en Italia. Pudo
nacer un movimiento como la PAH, que hace frente a los bancos con una
sucesión de movilizaciones que recorre toda la geografía del paìs. La
Plataforma de Afectados por la Hipoteca fue fundada en Barcelona en
2009. En pocos años consiguió una visibilidad elevada, presencia en las
mayores ciudades del país, confianza de los trabajadores y atracción de
un activo formado por jóvenes “indignados”, sindicalistas de las
Comisiones Obreras y de la UGT y abogados democráticos.
En la prehistoria de la PAH estuvo el
movimiento “V de Vivienda”, nacido en 2006. Era un movimiento de jóvenes
marginados, precarizados y antisistema, organizados por medio de las
redes sociales, que sufrían una falta de alojamiento que los obligaba a
seguir viviendo en la casa de los padres. Llegó la crisis, y la PAH se
transformó rápidamente en otra cosa. Incorporó a trabajadores
desocupados y otras categorías que estaban siendo entonces desalojados
de sus viviendas por los bancos, vueltos víctimas inermes por la crisis
ideológica de los grandes partidos, responsabilizados ellos mismos por
su desgracia, reducidos a enfrentar individualmente a las poderosas y
despiadadas instituciones bancarias.
El mérito principal de la PAH fue su
pragmatismo y flexibilidad: supo aprender de la realidad que quería
modificar. Es así como inventó “espacios de expresión”, en los que las
víctimas de la hipoteca pudieran escucharse unos a otros, y recuperar en
una dimensión social lo que les aparecía como un mero fracaso personal
“… las personas que se acercan por primera vez a la PAH están, más que
cabreadas, moralmente abatidas, y se muestran resignadas… Desorientadas,
desatendidas por la Administración, amenazadas por las entidades
bancarias y con cuadros depresivos…, el proceso de ejecución se alza
como una trituradora que arrasa con todo lo que se le pone por delante.
Las familias se sienten culpables de la situación que atraviesan y lo
atribuyen a un fracaso personal. … Este proceso de culpabilización se
acentúa si las personas tienen hijos a su cargo. La angustia, la tensión
permanente y el insomnio se apoderan de sus vidas en un proceso que, si
no se endereza, puede acabar en la desestructuración familiar. Para
hacernos una idea del sufrimiento que conlleva, hay que tener en cuenta
que una gran parte de las personas que han atravesado esta experiencia
han pensado en un momento u otro en quitarse la vida. (Ada Colau y Adrià Alemany, Vidas Hipotecadas, ed. Romanyà Valls, S.A., Barcelona)
Las formas de lucha son muy variadas:
asambleas, formación de nuevas PAH locales, manifestaciones de protesta,
escraches. Esta última forma, tomada de la experiencia argentina, se
concreta en volanteadas y piquetes informativos en la puerta de los
bancos, explicando a los clientes lo que la banca hace con sus deudores.
Hubo una extensión radicalizada de los escraches en la casa de los
dirigentes bancarios, que fue abandonada porque daba el flanco a la
represión violenta del movimiento.
Al llegar a este punto conviene recordar
algunas características del sistema español de hipotecas que explican
las formas de lucha elegidas por la PAH.
Letra muy muy chica
En España la incautación de la vivienda dada en prenda por parte del banco no extingue la hipoteca.
Esto puede parecer poco significativo si no se considera que el cliente
deja de pagar las cuotas por la crisis, o sea precisamente cuando el
valor de mercado de su vivienda baja, a veces dramáticamente. La familia
puede encontrarse en la calle (esto sucede corrientemente hoy) y a la
vez cargada con una deuda enorme, que los intereses vuelven una condena
de por vida. Pequeñas “avivadas” en el contrato agravan la situación; el
banco pone la casa en remate, pero entre la situación del mercado y la
táctica del banco para esconder la información, es corriente que la
subasta quede desierta. En este caso el banco tiene derecho a quedarse con la casa al 50%. Entre
esto y la caída de los precios inmobiliarios el banco termina
apropiándose de la vivienda por un cuarto del valor sobre el que
contrató la hipoteca. Lo que significa que tres cuartos de la deuda
siguen en pie a pesar de la pérdida de la casa, más los intereses.
Estos últimos son siempre muy altos. Para conseguirlo pusieron en la letra chica de las hipotecas una llamada “cláusula suelo”. Las
hipotecas se regulan por el índice Euribor; gracias a esta cláusula los
intereses siguen el Euribor cuando sube, pero no cuando baja. Cuando
como ahora el índice baja, se beneficia el banco, pero no el deudor.
Cuando firmaron el contrato los bancos
exigieron la presencia de garantes dueños de propiedad (generalmente la
casa-vivienda). Suelen ser los padres o hermanos del deudor. Ante la
falta de pago el banco ejecuta simultáneamente todos los garantes además
del titular, los desalojos son por “racimos” familiares.
Es fácil intuír lo que significa cuando la persona desalojada queda en
la calle, y también los familiares que hubieran podido alojarlo
temporáneamente. No es extraño que, fuera de la vista de los turistas,
en Barcelona, Madrid o Valencia vuelvan a crecer las “chabolas” (villas
miseria).
La política neoliberal no cayó sobre
España como un relámpago en un día sereno. Durante años los gobiernos
locales se desprendieron de su stock de casas en alquiler social, con el
pretexto de que la intervención del Estado es siempre mala. Hoy en día,
cuando haría falta, la vivienda social virtualmente dejó de existir. Esto en un país que tiene el record mundial de casas vacías, en su mayor parte en poder de los bancos.
Campañas de la PAH: la Dación en pago
Dación en pago significa que el acreedor
puede valerse apropiándose de la casa, sea cual fuere su actual valor
de mercado, y que esta acción extingue la deuda. La posibilidad existe
en la legislación española, pero es opcional, y el banco nunca la elige
si sale perdiendo, aún cuando puede terminar ganando en el medio
período. La dación en pago no resuelve todos los problemas de la familia
desalojada, pero sí despeja el más importante, el de asumir una deuda
de por vida por un bien que no se posee. Un aspecto importante de la
propuesta es su carácter retroactivo, que elimine la deuda también para
los centenares de miles de familias que fueron ya ejecutadas.
La PAH combinó presiones institucionales
(parlamento nacional, gobiernos locales e instituciones europeas) con
campañas de información y de lucha de carácter nacional y numerosas
iniciativas de las PAH locales, muy eficaces estas últimas para
convencer a los bancos de aceptar la dación en pago para evitar el
descrédito en barrios y pequeñas ciudades. La principal iniciativa
nacional es la ley presentada en Diputados por el bloque mixto en 2010, a
instancias de la PAH, bloqueada desde entonces por la acción de la
mayoría de gobierno y el principal partido de oposición.
La campaña informativa ha tenido muy
buenos resultados: según recientes encuestas apoya la posición de la PAH
el 80% de los españoles, incluyendo centenares de Ayuntamientos,
sindicatos, asociaciones de jueces y de abogados, movimientos populares.
Esto no ha modificado la posición contraria del Partido Popular en el
gobierno, y del PSOE en la oposición. Los banqueros por lo visto tienen
fuertes enganches en las alturas.
Los argumentos de los políticos son
dignos de una novela de Dickens: que el Estado no puede intervenir,
porque es un contrato entre privados (después intervino, pero para dar
miles de millones de euros a la banca). Que era un contrato libre entre
las partes, y que nadie había encañonado al otro para que firmara. Entre
partes igualmente poderosas, como se ve… Por último, dijeron que en
cualquier caso no era aceptable la retroactividad, porque iba a
desaparecer la seguridad jurídica. Poco después “reformaron” la ley
laboral, empeorando las condiciones para los trabajadores,
retroactivamente.
La “dación en pago”, tan violentamente
rechazada cuando se trata de familias de trabajadores, fue empleada
extensamente con los verdaderos culpables de la “burbuja”, los
inmobiliarios especuladores. Sus edificios y barrios a medio terminar
fueron aceptados como pago que extingue la deuda; el Estado intervino
para compensar a la banca por la pérdida.
Campañas de la PAH: «Stop desahucios»
Esta campaña intenta detener la máquina
del desalojo automático, sin ninguna consideración por las consecuencias
sociales ni la oferta de alternativas a sus víctimas. Entre las
consecuencias figuran eventos altamente dramáticos como el suicidio, la
pérdida de la custodia sobre los hijos menores, la disgregación
familiar, la caída forzosa en el vagabundaje y la marginalidad.
Las PAH en este caso recurren a
movilizaciones masivas en la puerta de la casa a riesgo de ser
desalojada, impidiendo de hecho la acción del ejecutor judicial. Como el
trámite debe recomenzar desde el principio, el deudor gana algo de
tiempo, que puede ser utilizado para comprometer a las autoridades
locales, obtener alternativas de alojamiento, acordar con el acreedor
acuerdos razonables. El más común es seguir viviendo en la propia casa
hipotecada, pagando un alquiler al banco.
Estas iniciativas son riesgosas, porque
se trata de actos de desobediencia civil. Las PAH apelan a una justicia
superior. En efecto, las ejecuciones hipotecarias y los desahucios
masivos por razones económicas en el Estado español violan, entre otros,
los artículos 24 (sobre la tutela judicial efectiva) y 47 (sobre el
derecho a la vivienda) de la Constitución española; el artículo 25 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos; el artículo 11 del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC),
ratificado por el Estado español; y más concretamente las Observaciones
Generales del comité DESC de Naciones Unidas números 3 (obligaciones de
los estados miembros), 4 (derecho a una vivienda) y 7 (prevención de
desahucios forzosos).
Campañas de la PAH: «Vivienda Social»
A diferencia de las dos anteriores, esta
campaña tiene un carácter estratégico, y requiere la intervención de
las autoridades políticas. Trabaja en la contradicción entre un parque
de casas desocupadas sin igual en el mundo y el abandono de los
desalojados en el calle, dada la liquidación del stock de vivienda
social de los ayuntamientos. Las PAH proponen un amplio arco de medidas,
enraizadas en la legislación del Estado social:
1. Condicionar las ayudas públicas que
perciben bancos y cajas al hecho de que alquilen las viviendas en
proceso de ejecución hipotecaria a la familia expropietaria por una
renta que en ningún caso supere el 30 % de los ingresos que percibe la
unidad familiar.
2. Expropiar el usufructo de las
viviendas procedentes de ejecuciones por un período mínimo de cinco años
para alquilarlas a las familias desalojadas por una renta que no
sobrepase el 30 % de sus ingresos.
3. Expropiar las viviendas ejecutadas en
manos de entidades financieras por el mismo precio por el que se están
adjudicando en subasta. Así, la PAH calcula que con el fondo del FROB
podrían adjudicarse casi un millón de pisos, y por tanto se dispondría
de un amplio parque público.
Campañas de la PAH: «Obra Social»
Cuando las gestiones con los bancos y
con las administraciones locales no consiguen resultados para realojar a
la familia desalojada las PAH recurren a la “Obra Social”. Este es un
tipo de iniciativa que consiste en ocupar edificios de los que los
bancos expulsaron a sus habitantes, y alojar allí a las familias que
quedaron sin hogar. No es infrecuente que los Ayuntamientos den una mano
a los ocupantes: es demasiado evidente la justicia del reclamo. No se
trata de ocupaciones salvajes: las PAH negocian con las autoridades
locales y con los bancos propietarios, por ejemplo un alquiler
razonable.
Campañas de la PAH: «Rebelión de las ciudades»
Los Ayuntamientos (Municipios) se
encuentran en una situación imposible. Son las principales víctimas de
los recortes impuestos por la “troika” europea, y a la vez son los que
ponen la cara ante la población. Los ayuntamientos de los barrios
populares que circundan las grandes ciudades se encuentran virtualmente
en la quiebra: disminuyen dramáticamente los ingresos por el cierre de
empresas y la desocupación generalizada, y aumentan los gastos por el
aumento de los casos sociales (necesidad de comedores en las escuelas,
familias caídas en la indigencia, familias en fuerte crisis, con
suicidios y separaciones, etc.). Es común que su endeudamiento sea tan
alto como el de las familias de su territorio.
En 2010 las PAH iniciaron una campaña
para promover la protesta de los Ayuntamientos ante el gobierno central.
Las medidas relacionadas con la habilitación en uso de las viviendas
desocupadas tienen una ventaja: no tienen un costo fiscal adicional.
Otra medida es la reescritura del protocolo de actuación de los
Servicios Sociales, para que suspendan la pérdida de custodia de los
hijos a las familias amenazadas por el desalojo. En un año se unieron a
esta campaña algo más de 200 ayuntamientos.
Conclusiones sin epílogo
La cuestión de los desalojos es uno de
los hilos de una crisis fenomenal, una crisis a la vez financiera,
económica, política y moral. La España de los Pactos de la Moncloa,
nacida en 1977, está muriendo ahora, 36 años después, en medio del hedor
de corrupción y de soberbia de la Casa Real, del Partido Popular y del
Psoe. Las PAH pueden ser un elemento de la futura nueva España. La
cuestión de la vivienda puede ser un eje vertebrador del movimiento
obrero y popular no inferior al sindicato y a la huelga fabril. En
tiempos de crisis y desocupación ciertamente mayor que este último. Hay
una experiencia argentina, la huelga de los inquilinos de 1907 en Buenos
Aires, que tuvo una importancia central en la formación del movimiento
obrero del país. Los tiempos cambiaron, pero el capitalismo neoliberal
parece empeñado en volver al pasado.
Nota: la información
sobre el tema es en España de escasa para abajo. Hemos consultado prensa
local, ediciones locales de El Periódico de Barcelona y de El País de
Madrid, mails de amigos residentes allá. Por medio de estos últimos
hemos conseguido “Vidas hipotecadas”, de Ada Colau y Adriá Alemany,
editado por Romanyà Valls, Barcelona, que nos ha sido muy útil. Un
gracias a todos.
Para Rivadavia y sus partidarios, la
memoria de San Martín no era un motivo de orgullo sino una permanente
fuente de desconfianza. No dejaron de desacreditarlo, mientras que una
red de espías seguía de cerca sus pasos por Europa: “La desconfiada
administración de Buenos Aires [...] me cercó de espías, mi
correspondencia era abierta con grosería, los papeles ministeriales
hablaban de un plan para formar un gobierno militar bajo la dirección
de un soldado afortunado, etc.; en fin, yo vi claramente que me era
imposible vivir tranquilo en mi patria ínterin la exaltación de las
pasiones no se calmase y esta certidumbre fue la que me decidió pasar a
Europa. Mi admiración no es poca al ver que me dice usted no haber
recibido más cartas mías que una desde el Havre y otra de Bruselas del 3
de febrero de 1825, es decir, que se han extraviado o, por mejor
decir, han escamoteado ocho o diez cartas más que le tengo escritas
desde mi salida de América; esto no me sorprende, pues me consta que en
todo el tiempo de la administración de Rivadavia mi correspondencia ha
sufrido una revista inquisitorial la más completa. Yo he mirado esta
conducta con el desprecio que se merecen sus autores. Rivadavia me ha
hecho una guerra de zapa sin otro objeto que minar mi opinión
suponiendo que mi viaje a Europa no ha tenido otro objeto que el
establecer gobiernos en América; yo he despreciado tanto sus groseras
imposturas como su innoble persona.” 
