Benjamin Dangl
Toward Freedom
Cada
agujero de bala en los postes de alumbrado en el centro de Asunción,
Paraguay, cuenta una historia. Algunos de ellos son de guerras civiles
de hace décadas, otros de golpes exitosos y fracasados, otros de
represiones policiales. El tamaño del agujero, el ángulo del impacto,
todos hablan de un escape, una muerte, otro dictador en el palacio junto
al río.
El 22 de
junio de este año, un nuevo tirano entró en el palacio del gobierno. El
derechista Federico Franco llegó a la presidencia en lo que se consideró
un golpe parlamentario contra el Presidente izquierdista
democráticamente elegido Fernando Lugo.
Lo que
está tras los titulares de hoy, de las luchas y combates políticos por
la justicia en Paraguay, es un conflicto por el acceso a la tierra, la
cual representa el poder y el dinero para las elites, la supervivencia y
la dignidad para los pobres, y ha estado en el centro de importantes
batallas políticas y sociales en Paraguay durante décadas. A fin de
comprender la crisis de Paraguay posterior al golpe, hay que entender el
peso político del suelo de la nación. Por lo tanto hay que echar un
vistazo a la historia de la guerra por los recursos naturales de
Paraguay, por la tierra, los eventos que condujeron al golpe, y a la
historia de la resistencia de una comunidad agrícola que se encuentra en
el corazón de la actual crisis de la nación.
El golpe y la tierra
La
esperanza rodeó la victoria electoral de Fernando Lugo en 2008, una
victoria que terminó con los 61 años de dominación de la política
paraguaya por parte del Partido Colorado. Fue una victoria contra la
injusticia y la pesadilla de la dictadura de Alfredo Stroessner
(1954-1989) y una nueva adición a los gobiernos de tendencia
izquierdista de la región. La elección de Lugo, exobispo y partidario de
la teología de la liberación, se debió en gran parte al apoyo en la
base del sector campesino y a la promesa de Lugo de realizar la
imprescindible reforma agraria
No
obstante, Lugo estuvo aislado políticamente desde el comienzo. Tuvo que
aliarse con la derecha para ganar la elección; su vicepresidente,
Federico Franco, es un dirigente del derechista Partido Liberal y fue un
elocuente opositor de Lugo desde poco después de su llegada al poder.
Durante toda la estadía en el poder de Lugo, el Partido Colorado mantuvo
una mayoría en el Congreso y hubo varios intentos derechistas de
destitución del “Obispo Rojo”. Semejantes desafíos impidieron el
progreso de Lugo y crearon un ambiente político y mediático dominado por
ataques y críticas casi permanentes contra él.
Al mismo
tiempo, Lugo no mostró una actitud positiva hacia el sector campesino
que ayudó a llevarlo al poder. Su gobierno ejerció regularmente una
severa represión y criminalización de los movimientos campesinos del
país. Por lo tanto se vio aislado desde arriba en el ámbito político y
abajo carecía de una fuerte base política debido a su posición hacia los
movimientos sociales y el lento progreso de la reforma agraria. A pesar
de todo muchos sectores izquierdistas y campesinos consideraban a Lugo
un aliado relativo y una fuente de esperanza frente a la alternativa
derechista.
El
problema que terminó por inclinar la balanza hacia el golpe
parlamentario del 22 de junio contra Lugo fue un conflicto por la
tierra. En abril de este año, 60 campesinos sin tierras ocuparon tierras
en Curuguaty, en el noreste de Paraguay. Esa tierra es de propiedad del
exsenador colorado Blas N. Riquelme, uno de los mayores y más ricos
terratenientes del país. En 1969, el gobierno de Stroessner dio
ilegalmente a Riquelme 50.000 hectáreas de tierras que supuestamente
debían destinarse a campesinos pobres como parte de la reforma agraria.
Desde el retorno a la democracia en 1989, los campesinos han estado
luchando por obtener acceso a esas tierras. La ocupación de tierras en
abril fue uno de esos intentos. El 15 de junio, fuerzas de seguridad
llegaron a Curuguaty para desalojar a los campesinos sin tierras. El
enfrentamiento resultante durante el desalojo (los detalles específicos
de este último siguen siendo confusos) condujo a la muerte de 17
personas, incluidos 11 campesinos y 6 policías. Ochenta personas
resultaron heridas.
Aunque
ciertamente fue el enfrentamiento más sangriento de este tipo desde la
dictadura, fue solo uno de las docenas de conflictos semejantes que han
tenido lugar en los últimos años en una nación con enorme desigualdad en
la distribución de la tierra. La reacción de la derecha ante este tipo
de conflictos fue generalmente tomar partido por los terratenientes y
dirigentes empresariales y criminalizar a los activistas campesinos.
Ante la tragedia de Curuguaty, la derecha vio una oportunidad más de
actuar contra Lugo.
La derecha
culpó a Lugo de los sangrientos acontecimientos en Curuguaty, una
acusación carente de fundamento pero que sirvió de alimento a los
continuos ataques políticos contra el Presidente. Como respuesta a las
críticas, Lugo reemplazo a su ministro del Interior por el miembro del
Partido Colorado Rubén Candia Amarilla, exfiscal conocido por su
criminalización de grupos sociales izquierdistas y campesinos, quien fue
entrenado en Colombia para exportar políticas al estilo del Plan
Colombia a Paraguay. Lugo también convirtió al Comisario General de
Policía Moran Arnaldo Sanabria (quien estuvo a cargo de la operación de
Curuguaty) en Director Nacional de Policía.
De esta
manera, Lugo entregó los principales poderes de seguridad y represión
del Estado al Partido Colorado. La acción fue un esfuerzo por evitar el
juicio político de la derecha, pero fue contraproducente: el Partido
Liberal se opuso a los reemplazos de Lugo, y empoderado por las críticas
al manejo de Curuguaty por parte de Lugo, colaboró con el Partido
Colorado y otros partidos derechistas del Congreso para proceder a la
destitución.
El proceso
comenzó el 21 de junio, y dentro de las 24 horas siguientes el Senado
se reunió e inició oficialmente el juicio, dando a Lugo solo dos horas
para su defensa. Al día siguiente, Lugo fue destituido en una votación
de 39 contra 4. Fue acusado de alentar ocupaciones de agricultores sin
tierras, de mal manejo como Presidente y de no haber logrado la armonía
social en el país. Lugo renunció y el vicepresidente y dirigente del
Partido Liberal, Federico Franco, tomó su lugar. Ahora se planifican
nuevas elecciones para abril de 2013.
Este golpe
parlamentario fue condenado por antidemocrático e ilegal por muchos
dirigentes latinoamericanos que se negaron a reconocer a Franco como
Presidente legítimo. Como reacción al golpe, bloques comerciales y
políticos latinoamericanos como Unasur y Mercosur han suspendido la
participación de Paraguay en sus organizaciones hasta las elecciones del
próximo año. Como era de esperar, la Organización de Estados Americanos
decidió no suspender a Paraguay de su calidad de miembro del grupo
porque, según el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza,
hacerlo crearía más problemas en el país y lo aislaría regionalmente. Es
el segundo golpe en la región en los últimos años; en junio de 2009, el
presidente hondureño Manuel Zelaya fue depuesto en circunstancias
similares.
El telón
de fondo de esta lucha política es una batalla para controlar, utilizar y
distribuir las vastas tierras de Paraguay. Aproximadamente un 2% de los
terratenientes controlan un 80% de las tierras del país y unas 87.000
familias de agricultores carecen de tierras. Aunque Lugo no cumplió
muchas de sus promesas electorales al sector campesino, en realidad
trabajó para bloquear muchas de las políticas de la derecha que habrían
empeorado la crisis en el campo. Por ejemplo, Lugo y su gabinete se
resistieron al uso de semillas transgénicas de algodón de Monsanto en
Paraguay, una acción que probablemente contribuyó a su destitución. Sin
embargo, incluso antes de la elección de Lugo, las alianzas y victorias
políticas estuvieron influenciadas por la cuestión de la tierra. Las
corporaciones agroindustriales multinacionales están firmemente
arraigadas en la política paraguaya y sus enemigos fundamentales en esta
guerra por los recursos han sido siempre los campesinos paraguayos.
Un mar de soja
Durante
décadas, los pequeños agricultores de Paraguay han sido atormentados por
un maremoto de cultivos de OGM y de pesticidas que se propagan por todo
el campo. Paraguay es el cuarto productor de soja del mundo, y la soja
representa un 40% de las exportaciones paraguayas y un 10% del PIB del
país. Se calcula que veinte millones de litros de agroquímicos se
fumigan en Paraguay cada año, envenenando a la gente, el agua, la tierra
cultivada y el ganado que encuentran en su camino.
Compañías
transnacionales de semillas, agrícolas y de agroquímicos que incluyen a
Monsanto, Pioneer, Syngenta, Dupont, Cargill, Archer Daniels Midland
(ADM) y Bunge dirigen la enorme agro-industria. Instituciones
financieras internacionales y bancos de desarrollo han promovido y
financiado el negocio de agro-exportaciones de cosechas de monocultivos,
gran parte de la soja paraguaya se utiliza para alimentar animales en
Europa. Los beneficios han unido a entidades políticas y corporativas de
Brasil, EE.UU. y Paraguay y han aumentado la importancia de la
cooperación de Paraguay con empresas internacionales.
Desde los
años ochenta, grupos militares y paramilitares nacionales conectados a
grandes empresas agrícolas y terratenientes han desalojado de sus casas y
campos a casi 100.000 pequeños agricultores y han impuesto la
reubicación de innumerables comunidades indígenas para favorecer los
campos de soja. Mientras tanto más de cien dirigentes campesinos han
sido asesinados en este período y solo uno de los casos fue investigado y
llevó a la condena del asesino. En el mismo período, más de 2.000
campesinos se han enfrentado a acusaciones contra ellos por su
resistencia a la industria de la soja. La vasta mayoría de los
agricultores paraguayos han sido alejados de sus terrenos por los
productos tóxicos, sea intencionalmente o como un efecto secundario de
los peligrosos pesticidas utilizados cada año para el cultivo de la soja
en Paraguay. Desde el principio de los años noventa, cuando los
agricultores vieron la muerte de sus animales, la ruina de sus cultivos,
las enfermedades de sus familias y la contaminación de sus pozos, la
mayoría tomó sus cosas y se mudó a la ciudad.
El caos
infligido por las agroindustrias ha causado parte de las violaciones más
graves de los derechos humanos desde el reinado de Stroessner. Un
informe del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC)
de la Organización de las Naciones Unidas señaló que “la expansión del
cultivo de la soja ha traído consigo el uso indiscriminado de pesticidas
tóxicos, provocando muerte y enfermedad en niños y adultos,
contaminación del agua, desaparición de ecosistemas, y daño a los
recursos nutritivos tradicionales de las comunidades”.
La
expansión de la industria de la soja ha ocurrido en tándem con la
violenta opresión de pequeños agricultores y comunidades indígenas que
ocupan las vastas propiedades de tierra de los ricos. La mayoría de los
paraguayos que viven en el campo realizan diversos cultivos de
subsistencia en pequeños terrenos de entre diez y veinte hectáreas, pero
no tienen títulos de propiedad de sus tierras ni reciben generalmente
ayuda del Estado. El gobierno paraguayo ha representado históricamente a
los cultivadores de soja en este conflicto, utilizando a la policía y
al sistema judicial para castigar a los dirigentes campesinos.
La pequeña
comunidad agrícola de Tekojoja ha estado en la vanguardia de esta lucha
durante años. Su historia y su lucha son representativas de
innumerables comunidades agrícolas en el campo paraguayo.
La resistencia de Tekojoja
El primero
de varios autobuses que tomamos desde Asunción hacia Tekojoja en abril
de 2009 se calentó como una sauna mientras una polca resonaba en la
radio. Vendedores ambulantes subían al autobús ofreciendo gafas de sol,
radios y DVD piratas. Vendedores particularmente entusiastas
pronunciaban apasionados discursos sobre las características superiores
de su producto, presionando con muestras a los pasajeros reacios y
aburridos. Un argumento de ventas prometía que las píldoras de ajo
podían curar el insomnio y el cáncer.
Pasamos
innumerables campos de soja y silos de Cargill, pero también pequeños
puestos de pequeños agricultores y simples restaurantes al borde de la
ruta donde la gente se podía escapar hacia la sombra con una cerveza
fría. La carretera de tierra de Caaguazú hacia Tekojoja era un espacio
escabroso de ardiente arena roja; Necesitamos tres horas para viajar 50
kilómetros. El autobús se abrió camino por sobre profundos baches, su
motor alcanzaba un tono febril y cada uno de sus huesos de metal
rechinaba junto a los de sus pasajeros.
Esa misma
noche llegamos a Tekojoja y fuimos a la casa de Gilda Roa, una
estructura hecha por el gobierno, sin agua corriente (aunque el gobierno
construyó el edificio, nunca terminó la instalación de cañerías).
Activista de los derechos a la tierra y de los agricultores, la camisa
de Gilda mostraba plantas que irrumpían a través de un código de barras.
Dentro de su casa, las paredes estaban cubiertas de afiches contra la
soja y los OGM. Sacó al jardín sillas de plástico para nosotros, con
brillantes estrellas como telón de fondo, y comenzó a hablar. Gilda pasó
de 2000 a 2002 en Asunción, estudiando para ser enfermera y había
trabajado en su profesión en una localidad cercana. Cuando la visitamos,
en abril de 2009, estaba dedicada exclusivamente al activismo en su
comunidad. Mientras la música paraguaya sonaba en la radio y las
mariposas nocturnas se reflejaban en las luces, Gilda nos contó la
historia de su comunidad y su lucha contra la soja transgénica.
La
comunidad de Tekojoja es la sede del Movimiento Agrario Popular (MAP) de
Paraguay. Es un sitio que ha enfrentado la enorme represión de los
agricultores de la soja y sus matones y ha liderado una legendaria
resistencia en su contra, produciendo numerosos dirigentes campesinos.
Tekojoja
se encuentra sobre tierra entregada a los campesinos como parte de un
Programa Público de Reforma Agraria. En los años noventa, agricultores
brasileños de la soja –con matones armados, abogados y conexiones
políticas para su protección– se expandieron gradualmente sobre la
tierra de la comunidad, imponiendo una serie de violentos desalojos de
las familias de agricultores. En 2003, el MAP comenzó a recuperar las
tierras que les habían sido arrebatadas por los brasileños, pero jueces
corruptos y mercenarios contratados por los productores de soja
siguieron expulsando a los agricultores de sus tierras.
El 2 de
diciembre de 2004, terratenientes brasileños acompañados de policías
quemaron numerosas casas y tierras agrícolas en Tekojoja como parte de
un proceso de desalojo. Una declaración del MAP describió ese brutal
acto:
Después de
que los tractores destruyeron nuestros cultivos, llegaron con sus
grandes máquinas y comenzaron de inmediato a sembrar soja mientras el
humo seguía saliendo de las cenizas de nuestras casas. Al día siguiente
retornaron con bueyes y volvieron a plantar en todos los campos sobre la
tierra preparada. Cuando llegaron los policías, los enfrentamos con
nuestras herramientas y machetes. Éramos unos setenta y estábamos listos
para enfrentarlos. Finalmente se fueron.
Las casas y
los cultivos de los campesinos fueron destruidos y no contaban con
ninguna seguridad de que los brasileños no organizarían otro desalojo. A
pesar de ello, como la mayoría no tiene ningún otro sitio adónde ir,
los miembros de la comunidad decidieron perseverar, quedarse en sus
tierras y luchar por su reconocimiento legal como propietarios. Gilda
explicó: “Plantamos semillas con temor ya que no sabíamos si nuestros
cultivos serían destruidos. Y comenzamos a construir las casas”. Pero de
nuevo, a las 4 de la mañana del 24 de junio de 2005, los brasileños y
los policías atacaron la comunidad. “Arrestaron a niños, ciegos,
ancianos y mujeres embarazadas, a todos, lanzándolos a todos a un
camión”, dijo Gilda. “Rociaron las casas con gasolina y petróleo y las
quemaron todas mientras continuaban los arrestos”.
En este
enfrentamiento entre matones, policías, y campesinos desarmados, dos
agricultores, a quienes los brasileños identificaron erróneamente como
dirigentes del MAP y los hermanos Jorge y Antonio Galeano, fueron
asesinados a tiros. Una de las víctimas fue Angel
Cristaldo Rotela, un joven de 23 años que estaba a punto de casarse y
que acababa de construir su propia casa el día antes que fuera quemada
totalmente por los policías. La esposa de Leoncio Torres, la otra
víctima, quedó sola con ocho hijos. Un monumento se ha erigido en el
centro de la comunidad en memoria de los campesinos caídos.
Después de
los asesinatos, campesinos y activistas de todo el país se manifestaron
en apoyo de Tekojoja y ayudaron a los miembros de la comunidad asediada
con lonas y alimentos. Finalmente, la Corte Suprema dictaminó que la
tierra debía entregarse a los agricultores locales, y como parte de las
reparaciones por la violencia sufrida por la comunidad, el presidente
Nicanor Frutos ordenó la construcción de cuarenta y ocho casas. El
sufrimiento de Tekojoja ilustra la situación en la que se encuentran
numerosas comunidades agrícolas de todo Paraguay. Mientras los
residentes de Tekojoja permanecen en sus tierras, muchos otros se ven
obligados a huir a los barrios bajos de la ciudad mientras los
productores de soja los expulsan de las suyas.
Gilda explicó este ciclo de desplazamiento:
Cuando los
pequeños agricultores están desesperados y los pesticidas los están
afectando, no poseen medios para sobrevivir, por lo tanto venden sus
tierras por poco dinero, que es más del que jamás han tenido, pensando
que la vida en la ciudad será mejor, más fácil, pero no es tan fácil.
Mucha gente que termina recogiendo basura en la ciudad proviene del
campo. No saben cómo administrar su dinero, por lo tanto, por ejemplo,
gastan todo su dinero en un coche usado, maltrecho, y terminan en la
ciudad, sin un centavo, sin trabajo o dónde vivir.
La
victoria de Tekojoja se debió a la tenacidad de los agricultores que se
negaron a abandonar sus tierras por la falsa promesa de una vida rica en
la ciudad. Pero su lucha está lejos de haber terminado. Aunque
arrancaron las plantas de soja de sus tierras, los residentes viven
encerrados entre espacios aparentemente ilimitados de soja y ellos, sus
animales y sus cultivos siguen sufriendo la exposición a pesticidas
tóxicos.
Al
amanecer del día siguiente, la mayoría de los vecinos de Gilda ya
estaban en pie, yendo al trabajo antes de que el sol se hiciera
insoportable. Los pollos pululaban alrededor de las casas, los patios de
tierra roja todavía estaban húmedos de rocío nocturno y se oían radios
sintonizadas a una emisora comunitaria que mezclaban música y
comentarios políticos en guaraní. Un activista comunitario vecino nos
invitó a su casa para comenzar el día con la bebida esencial de los
paraguayos, yerba mate servida caliente por la mañana y preparada
especialmente con coco y romero. Nos sentamos en su cocina mientras el
sol se filtraba entre las tablas del muro, iluminando nubes de humo del
fuego, mientras sus hijos y los cerdos jugaban en el piso de tierra.
Una aciaga
presencia surgía amenazadoramente sobre esa bucólica escena. Los
vecinos agricultores brasileños de la soja ya habían aparecido con sus
tractores, fumigando pesticida sobre los cultivos cercanos. Pude oler
los productos químicos en el aire. Caminamos hacia los campos hasta que
aumentó el dulce olor tóxico. Pasamos muy cerca de un tractor mientras
las nubes de pesticidas se aproximaban. Comencé a sentir una sensación
desorientadora de mareo y náusea. Mis ojos, garganta y pulmones ardían y
me dolía la cabeza, algo que la gente del lugar sufre todos los días.
La enfermedad física causada por los pesticidas contribuye a quebrar la
resistencia de los campesinos.
Eso me
recordó que estaba en una comunidad sitiada, no solo por los cultivos de
soja que cercan estas islas de humanidad o los pesticidas que penetran
cada fuente de agua, cultivo y conversación, sino también porque los
agricultores brasileños de la soja viven cerca y conducen a través de
estas comunidades empobrecidas con total impunidad con los cristales de
sus brillantes camiones nuevos bien cerrados. Subidos de un modo algo
precario en los asientos traseros de unas pocas motonetas, anduvimos a
saltos por los caminos de tierra, que desaparecían en sendas hacia otro
grupo de casas. En camino hacia ellas, pasamos a un brasileño que nos
observó hasta perdernos de vista. Gilda lo conocía: había participado en
la destrucción e incendio de sus casas. El hecho de que siguiera en
libertad empeoraba las cosas. Y si los habitantes del lugar los
acusaran, dijo Gilda, o incluso gritara a los asesinos brasileños,
aparecería la policía y se los llevaría a la cárcel. “Es la parte más
difícil” explicó. “Los vemos y no podemos hacer nada”.
La
motoneta rodó hasta detenerse frente a la casa de Virginia Barrientos, a
pocos kilómetros de la de Gilda, directamente junto a un campo de soja.
La tierra en la que Barrientos vivió durante los últimos cuatro años es
una península que penetra en un mar de soja. Ocupó su tierra, que solía
estar cubierta de soja, en febrero de 2005 y consiguió la propiedad
legal sobre ella. Pero la vida después de recuperar la tierra no ha sido
fácil; los pesticidas han aterrorizado a su familia desde que se mudó
allí.
“Justo
antes de que cosechemos nuestro alimento los brasileños fumigan
pesticidas muy poderosos”, explicó Virginia. “Esos pesticidas causan los
dolores de cabeza, la náusea, la diarrea que todos sufrimos”. Sus
delgados hijos están junto a ella en el pórtico de la casa. “Hay muchos
problemas con el agua”, siguió diciendo. “Cuando llueve, los pesticidas
afectan nuestra única fuente de agua”.
Virginia
Barrientos dijo que los pesticidas también afectan a sus plantas y
animales, y causan que algunos de los cultivos tengan un gusto demasiado
amargo para consumirlos. Las crías de sus cerdos murieron y los pollos
están enfermos. Parte del problema, señaló, es que los agricultores
brasileños de la soja deciden intencionalmente fumigar durante fuertes
vientos que transportan el veneno hacia su tierra. Pasamos tallos con
mazorcas muertas de camino a su pozo, que insistió en mostrarnos. Estaba
ubicado al final de un largo campo de soja, de modo que el
escurrimiento del campo corría hacia el pozo, concentrando los
pesticidas en su única fuente de agua. La familia vive en una miseria
envenenada mientras el productor de soja responsable reside en un
relativo lujo lejos de sus campos.
Isabel
Rivas, vecina de Virginia, nos dijo con una amplia sonrisa y sonora risa
a pesar de su lamentable situación: “Cuando bebemos el agua podemos
oler los productos químicos. Resulta que lavan sus fumigadores químicos
en nuestra fuente de agua, en un pequeño riachuelo cercano”. Virginia
estaba de pie frente a su casa amamantando a su bebé mientras los pollos
picoteaban cacahuetes en su patio. Los niños nos miraban con los ojos
bien abiertos. “No podemos ir a otra parte”.
Aunque la
incapacidad y renuencia de Lugo a encarar suficientemente semejantes
dificultades constituyó una traición a su base, el reciente golpe contra
él fue también un golpe contra la esperanza, un golpe contra Virginia y
sus hijos, contra Gilda y sus vecinos, y contra los cientos de miles de
agricultores que luchan en el campo. Detrás del golpe yace un vasto
país, en parte envenenado, en parte todavía fértil, y en gran parte
bañado en lágrimas y sangre. Hasta que se realice la demanda de justicia
por la tierra no habrá paz en Paraguay, no importa quién duerma en el
palacio presidencial.
El nuevo libro de Benjamin Dangl Dancing with Dynamite: Social Movements and States in Latin America (AK
Press) trata de movimientos sociales contemporáneos en Latinoamérica y
sus relaciones con los nuevos gobiernos izquierdistas de la región. Es
editor de TowardFreedom.com, una perspectiva progresista de los eventos
mundiales, y de UpsideDownWorld.org, una web sobre activismo y política en Latinoamérica. Contacto: BenDangl@gmail.com
Traducción: Germán Leyens (Rebelión)
